El Derecho a un Trabajo Digno: Por la INCLUSIÓN LABORAL de las Personas con Discapacidad en las empresas
La
discriminación de las personas con discapacidad es una realidad. Suele basarse
en el desconocimiento y en creencias erróneas que operan como obstáculos en la
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
La
principal consecuencia de ello, es el menoscabo del derecho a participar en la
sociedad, a llevar una vida independiente; en definitiva, a ejercer la plena
ciudadanía. Esta circunstancia nos exige un cambio de mirada desterrando
cualquier concepto de la discapacidad con connotaciones negativas.
En
este sentido, la Asamblea General de la ONU aprobó, en 2006, la Convención
Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad con el
objetivo principal de garantizar el respeto y disfrute de los derechos humanos
y libertades de las personas con discapacidad, como las demás personas; a
participar plenamente en la sociedad; y a ser independientes. Una Convención
que fue ratificada, por nuestro país, en 2008, pasando en ese momento, a formar
parte de nuestro ordenamiento jurídico; y por tanto, de obligado cumplimiento.
Pese
a los cambios efectuados en los actuales instrumentos y mecanismos legales, la
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad está lejos de
lograrse. Así lo demuestran tanto las altas tasas de desempleo e
inactividad, como la reducida contratación que, junto con un alto índice de
rotación y escasa estabilidad en el empleo, bajos salarios y empleos poco
cualificados; conducen a una preocupante precariedad laboral.
En
España las personas con discapacidad en edad de trabajar se cifran 1.946.800,
según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, lo que supone un 6,3% de la
población total en edad laboral.
Si
valoramos la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad, aunque se
pueda ver una pequeña mejora en las últimas décadas, está muy lejos de ser
mínimamente aceptables. La brecha es de 40 puntos porcentuales, siendo del 35%
en las personas con discapacidad, frente al 75,8% de la población sin
discapacidad. La tasa de empleo, por tanto, es muy inferior a la media
nacional. Solo tres de cada 10 personas con discapacidad tienen empleo.
De las otras siete personas, seis son paradas de larga duración, es
decir llevan más de 24 meses en desempleo.
Dentro
del mismo colectivo vemos diferencias importantes. Las personas con
discapacidad sensorial tienen una tasa de empleabilidad del 50%, sin embargo
las personas con discapacidad intelectual o del ámbito de la salud mental la
tasa es muy inferior, apena del 27%.Según el informe de Odismet de 2025, el
72% de los contratos realizados a personas con discapacidad fueron en Centros
Especiales de Empleo (CEE). A su vez los CEE descendieron en
2023 un 14,7% con respecto al año anterior.
Desde
UGT, tenemos el firme propósito de
lograr una sociedad inclusiva, que aspire al pleno empleo de todas las personas
que quieran y estén en disposición de trabajar; esta situación nos interpela a
adquirir un compromiso con la discapacidad, promoviendo el respeto, la igualdad
de oportunidades laborales y la no discriminación en el empleo.
Debemos
tener presente, que el acceso al empleo es una cuestión de derechos humanos y
un factor clave de participación e inclusión social, especialmente necesario
para el desarrollo personal y profesional para las personas con discapacidad.
